Al menos 300 buses del Consorcio Roma, que cubren la ruta San Juan de Lurigancho-Ventanilla, dejaron de operar a partir del 16 de septiembre debido a constantes extorsiones y ataques armados. En las últimas dos semanas, tres incidentes de balaceras contra sus unidades generaron miedo entre los choferes, quienes decidieron paralizar sus actividades por temor a nuevas agresiones.
Los conductores exigen la intervención de las autoridades, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte y los ministros del Interior y Transportes, para garantizar su seguridad. “Estamos paralizados porque tememos por nuestras vidas y las de nuestras familias”, señaló uno de los representantes del gremio.
Esta situación afecta a miles de usuarios que dependen del transporte público en Lima. Además, la empresa Santa Catalina, que opera en Villa El Salvador, también ha suspendido su servicio tras recibir amenazas de extorsionadores.
El problema de la extorsión en el sector transporte se ha incrementado, con más del 50 % de las empresas en Lima y Callao.
