El presidente de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Huánuco, Jaime Gerónimo De la Cruz, expresó su preocupación ante reciente normativa aprobada por el Congreso de la República, que otorga a la Policía Nacional del Perú la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones en su fase preliminar, desplazando al Ministerio Público de esa función.
Gerónimo De la Cruz calificó esta decisión como un “retroceso” en el proceso de reforma penal iniciado en el país en 2006. Según explicó, dicha reforma fue implementada con el objetivo de modernizar y fortalecer el sistema judicial, delegando claramente las responsabilidades entre las instituciones involucradas. En el caso de las investigaciones preliminares, la Constitución establece que estas deben ser dirigidas por el Ministerio Público, con la Policía Nacional colaborando bajo la dirección del fiscal.
“La nueva normativa contraviene el marco constitucional”, afirmó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. “Desde el inicio, el Ministerio Público ha sido el titular de la acción penal, responsable de dirigir la persecución de los delitos. Sin embargo, ahora se busca otorgar esta facultad a la Policía Nacional, lo cual representa un desconocimiento de las funciones establecidas en nuestra Constitución”, agregó.
El magistrado también recordó que la reforma procesal penal se implementó en Huánuco en el año 2012, siguiendo estrictamente las directrices constitucionales sobre la división de funciones entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. Con esta nueva ley, advierte, se estaría desvirtuando ese equilibrio institucional.
Gerónimo De la Cruz subrayó que el debate no debería centrarse en si la Policía está capacitada para llevar a cabo investigaciones, sino en respetar el marco legal que define el rol de cada entidad. “Al asignar esta tarea a la Policía, se altera el orden constitucional, lo que puede generar confusión y desorden en el sistema de justicia”, concluyó.
