El 90% de municipalidades de Huánuco desatienden zonas rurales, contribuyendo al aumento de quemas no controladas
El fiscal del Medio Ambiente de Huánuco, César González, ha lanzado una severa advertencia ante el preocupante aumento de las quemas ilegales en la región. Según sus declaraciones, el 90% de las municipalidades distritales y centros poblados han trasladado sus oficinas a la ciudad de Huánuco, descuidando así las zonas rurales bajo su jurisdicción. Este fenómeno, según González, ha contribuido significativamente al incremento de incendios no controlados que afectan tanto a la flora local como a la seguridad pública.
Una práctica común pero ilegal
González explicó que muchos agricultores de la región han adoptado la práctica de quemar pastizales y terrenos agrícolas para prepararlos durante la temporada de sequía. A pesar de que es una tradición común en ciertas zonas rurales, el fiscal fue enfático al subrayar que no se trata de quemas controladas, sino de acciones desmedidas y fuera de la ley que están poniendo en peligro tanto a las personas como a la naturaleza. Señaló que “estas prácticas no solo están devastando pastizales, sino que también han afectado zonas cercanas a la ciudad, como Tomayquichua, Concha Marca y Jáuregui, así como áreas altoandinas como Hichu”.
El funcionario indicó que la quema descontrolada de pastizales y plantaciones, sean estas ornamentales, frutales o exóticas, constituye un delito grave. Recordó que “el Código Penal establece que quien cause un incendio que ponga en peligro la vida o la propiedad pública y privada, o que cause lesiones o muerte a personas, puede ser condenado a penas que oscilan entre los 6 y 15 años de prisión”. Añadió que esta práctica ha afectado a plantaciones importantes para la economía local, como el eucalipto y el pino, lo que agrava aún más la situación.
Las responsabilidades de las autoridades
Una de las principales preocupaciones del fiscal González es la desatención de las autoridades locales frente a estos incidentes. Según él, la gran mayoría de los centros poblados y distritos de Huánuco tienen sus sedes en la ciudad, lo que impide que atiendan eficazmente a sus comunidades. “Esto es un absurdo y una grave falta de responsabilidad”, dijo, refiriéndose a la falta de acción de las autoridades locales para prevenir y enfrentar los incendios.
Además, González afirmó que la Contraloría General de la República ya ha tomado nota de esta situación, señalando que el traslado de sedes municipales a la ciudad de Huánuco no solo desatiende a las comunidades rurales, sino que también podría constituir un delito contra la administración pública y la fe pública.
Participación de la Fiscalía y otras autoridades
Al ser consultado sobre la participación de la Fiscalía en estos casos, González aclaró que “la fiscalía actúa de oficio, tal como lo establece la norma”. Esto significa que no es necesario que haya una denuncia formal para que las autoridades actúen; basta con que se detecten indicios de quemas ilegales para que se inicie una investigación.
Sin embargo, el fiscal también destacó que, a pesar de la competencia de la Fiscalía, es responsabilidad de los bomberos atender los incendios. En este sentido, recordó que, en los últimos tres años, al menos tres personas han fallecido en la región de Huánuco mientras intentaban combatir incendios sin la capacitación adecuada. “No basta con tener un cartón de bombero forestal, es necesario tener una formación adecuada para enfrentar estos incidentes”, advirtió.
El fiscal subrayó la importancia de la articulación entre los bomberos y las municipalidades locales para crear brigadas forestales que puedan enfrentar con mayor eficacia los incendios. “Es urgente que las autoridades municipales de las zonas rurales trabajen en conjunto con los bomberos para formar brigadas especializadas, ya que las áreas de riesgo deben estar debidamente monitoreadas”, afirmó.
Colaboración ciudadana
Finalmente, González hizo un llamado a la población para que colabore en la identificación de los responsables de las quemas. Destacó que uno de los principales obstáculos para las investigaciones es el “espíritu de cuerpo” que prevalece en muchas comunidades, donde los habitantes suelen negar haber visto o sabido algo sobre los incendios. “Cuando llegamos a investigar, las personas dicen no haber visto nada, lo que dificulta nuestro trabajo”, comentó.
No obstante, el fiscal insistió en que hoy en día, gracias a la tecnología, es más fácil registrar estos delitos. “Cualquier persona con un celular puede grabar o tomar fotos de un incendio, lo que nos ayudaría enormemente en nuestras investigaciones. Una vez que se cuenta con esa prueba, es mucho más fácil sancionar a los responsables”, concluyó.
Dato:
En cuanto al número de denuncias por quemas ilegales, González informó que este año se han registrado entre 50 y 60 casos. Sin embargo, aclaró que su despacho no tiene competencia en todos ellos, ya que muchas de las quemas no se realizan en áreas silvestres, sino en terrenos agrícolas o plantaciones exóticas. En estos casos, las denuncias son derivadas a la fiscalía de delitos comunes. Explicó que los incendios que afectan bosques o formaciones boscosas entran dentro del ámbito de los delitos ambientales, pero cuando se trata de plantaciones ornamentales o frutales, se considera un delito común. “La norma establece que estos tipos de plantaciones forman parte del patrimonio particular, por lo que su destrucción puede ser sancionada como un delito de daños agravados”, detalló.
