El fiscal provincial José Domingo Pérez ha sido excluido de la investigación contra Keiko Fujimori, quien enfrenta cargos por el presunto delito de lavado de activos relacionado con los aportes a su campaña electoral de 2021. La decisión fue tomada por la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales, encabezada por Rafael Vela Barba, y se debe a una presunta obstrucción a la justicia por parte de Pérez, además de vulneraciones al debido proceso, según lo señalado por el Tribunal Constitucional (TC).
En un comunicado oficial, el Ministerio Público explicó que la investigación N° 43-2021 será ahora asumida por las Fiscalías Supraprovinciales Especializadas en Delito de Lavado de Activos, que estarán a cargo de la fiscal Manuela Rosana Villar Ramírez. El documento menciona que la exclusión de Pérez es una medida excepcional basada en los criterios establecidos por el TC, buscando evitar futuras complicaciones procesales.
La decisión se tomó luego de que el TC detectara irregularidades en el proceso liderado por Pérez, lo que podría haber afectado el derecho al debido proceso de los investigados. En ese sentido, la Fiscalía reconoció la necesidad de corregir cualquier posible error para garantizar la imparcialidad del caso y su desarrollo conforme a la ley. La disposición subraya que la investigación debe ser conducida por un despacho especializado que garantice la continuidad del caso sin cuestionamientos posteriores.
Este cambio también responde a la necesidad de salvaguardar el desarrollo del proceso penal contra Fujimori, evitando que posibles errores en etapas previas puedan ser usados como argumentos en su defensa. La exclusión de Pérez es un intento de asegurar que la investigación se mantenga bajo estrictas normas de transparencia y objetividad, en línea con las disposiciones del máximo intérprete de la Constitución peruana.
La investigación sobre Keiko Fujimori ha sido uno de los casos más mediáticos del país, y el retiro de José Domingo Pérez, uno de los fiscales más visibles del equipo, marca un giro importante en el curso del proceso. Esta decisión busca reforzar la legitimidad del caso, pero también deja abierta la posibilidad de que la defensa de Fujimori use esta situación en su beneficio.
