El Congreso de la República aprobó en segunda votación la polémica reforma del Código Procesal Penal, que otorga nuevas facultades a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la investigación de delitos y reduce significativamente las competencias del Ministerio Público. La reforma fue aprobada con 80 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones, a pesar de las advertencias de especialistas y autoridades sobre su inconstitucionalidad.
La medida devuelve a la PNP un rol protagónico en la conducción de investigaciones preliminares, lo que ha generado preocupación entre expertos. La Junta de Fiscales Supremos, liderada por Juan Carlos Villena, alertó que la reforma compromete la autonomía del Ministerio Público y contradice el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución, que otorga al Ministerio Público la dirección de las investigaciones desde su inicio. Villena señaló que, además, la PNP no cuenta con los recursos ni la capacitación adecuada para asumir estas responsabilidades de manera efectiva.
Villena sostuvo que esta norma otorga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, mayor control sobre las investigaciones penales, lo que podría vulnerar la independencia de la justicia. A pesar de las críticas, el Pleno rechazó la cuestión previa que buscaba devolver el proyecto a la Comisión.
Cambios en el Código Penal
La reforma modifica varios artículos del Código Penal, entre ellos el artículo 60, que establece que “el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú”. También se modifica el artículo 65, que dispone que el fiscal debe ordenar de inmediato a la PNP realizar diligencias preliminares una vez que se tenga noticia del delito. Además, se detalla que los policías deben reportar sus acciones al Ministerio Público sin generar una relación de subordinación.
El dictamen aprobado por el Congreso ahora debe ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o devolución. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, adelantó que el Ejecutivo no tiene intenciones de observar la norma. Adrianzén sostuvo que cumplirán con implementar la ley y que, si alguien la considera inconstitucional, puede presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional.
Ejecutivo no observará la norma
La presidenta Dina Boluarte no observará la norma, según confirmó el presidente del Consejo de Ministros, quien también señaló que el Ejecutivo no ha evaluado devolver la ley al Congreso. A pesar de las críticas por la presunta inconstitucionalidad, Adrianzén subrayó que todos están obligados a cumplir la ley mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional.
