La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido formalmente al Estado peruano derogar la Ley 32017, conocida como la “Ley de Amnistía”, la cual establece la prescripción de delitos de lesa humanidad, generando preocupación sobre su impacto en el acceso a la justicia por violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. La CIDH también exhortó a las autoridades judiciales peruanas a no aplicar esta ley, que fue promulgada el 9 de agosto de 2024.
A través de un comunicado emitido el 3 de septiembre, la CIDH expresó su preocupación por la normativa, señalando que podría limitar las investigaciones y los juicios relacionados con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Esta ley ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes advierten que su aplicación revictimizaría a miles de personas afectadas por esos crímenes y afectaría los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) fue una de las organizaciones que expresó su rechazo absoluto a la ley, instando a jueces y fiscales a no aplicarla. Argumentaron que los operadores judiciales tienen un deber moral de proteger los derechos fundamentales y la dignidad humana, independientemente de las presiones que puedan surgir.
Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte ha respondido a las críticas argumentando que, bajo el principio de complementariedad, la CIDH no tiene competencia para ordenar una reforma legislativa ni para detener la aplicación de la norma. No obstante, la CIDH recordó que, conforme al derecho internacional, la prescripción no puede utilizarse para impedir la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Esta obligación está respaldada por la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de la cual Perú es signatario.
La Comisión también subrayó la importancia de que los fiscales cuenten con independencia para ejercer sus funciones sin interferencias. Advirtieron que las disposiciones sobre responsabilidad funcional podrían crear un ambiente de intimidación que afectaría la autonomía de los operadores judiciales, lo que a su vez comprometería el acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, la CIDH reiteró que, según la Convención de Viena de 1969, el derecho interno no puede ser utilizado como justificación para incumplir obligaciones internacionales. Cabe recordar que el 22 de julio de 2024, la Junta de Fiscales Supremos presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 32017, la cual deberá ser resuelta por el Tribunal Constitucional peruano.
