La reciente agresión sufrida por periodistas y la alcaldesa de Pillao es una afrenta que no podemos ni debemos tolerar como sociedad. Estos actos de violencia, perpetrados por individuos que actúan con total impunidad, son una consecuencia directa de la ausencia del Estado en esta región. Pillao, como tantas otras comunidades en Huánuco, está siendo sometida por criminales que se aprovechan de la falta de autoridad para imponer su ley a base de terror y abuso.
Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, los periodistas que cumplen con el deber de informar sean atacados brutalmente con palos y piedras, como si sus vidas y su trabajo no valieran nada. Estos agresores no solo atentaron contra la integridad física de los comunicadores, sino también contra la libertad de prensa, un pilar fundamental de nuestra democracia. La cobardía de estos actos debe ser condenada enérgicamente y sus responsables, llevados ante la justicia sin demora.
El estado de desprotección en que se encuentra Pillao refleja un problema estructural que se extiende a lo largo y ancho de nuestro país. La falta de policías, la ausencia del ministerio público y la impunidad con la que operan los criminales son una muestra del abandono que sufren estas comunidades. Los campesinos viven con miedo, desplazados de sus tierras por la fuerza, mientras los invasores destruyen los bosques y trafican con terrenos que no les pertenecen. Esto no es solo un problema local, es un síntoma de un mal mayor que debemos enfrentar con urgencia.
Exigimos a las autoridades que dejen de lado la indiferencia y tomen acción inmediata. No se puede permitir que estos delincuentes sigan actuando sin castigo, que las vidas de los periodistas, de la alcaldesa y de los campesinos de Pillao sigan bajo amenaza. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad, que envíe a las fuerzas del orden, que se haga justicia y que se restablezca la paz en esta región.
Nuestro apoyo y solidaridad están con las víctimas de esta violencia atroz. No descansaremos hasta ver que los responsables paguen por sus crímenes y que Pillao, como cualquier otro rincón de nuestro país, pueda vivir en paz y seguridad. La libertad de prensa y la dignidad de las personas no pueden ser silenciadas por la violencia.
