El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció en contra del proyecto de ley que es impulsado por Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, que busca crear una comisión ordinaria para investigar y sancionar a jueces y fiscales. Arana argumentó que esta iniciativa interfiere directamente con la Constitución y afecta el sistema democrático, ya que busca establecer un control político sobre las sentencias judiciales, lo que podría comprometer la independencia y autonomía del poder judicial.
Arana destacó que la creación de una comisión para fiscalizar a jueces y fiscales es innecesaria, ya que existen mecanismos establecidos para evaluar su labor, como las apelaciones y el control judicial y constitucional. Además, enfatizó que la fiscalización de la labor de jueces y fiscales ya está a cargo de entidades como la Contraloría General de la República y la Junta Nacional de Justicia, que aplican mecanismos administrativos, disciplinarios o judiciales para corregir y sancionar las irregularidades.
El Ministerio de Justicia también emitió un comunicado reiterando que la propuesta de Cerrón es inconstitucional y pone en riesgo el sistema democrático. El comunicado subraya que el diseño constitucional vigente reserva a ciertas entidades la responsabilidad de fiscalizar la labor de jueces y fiscales, y que establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia. En resumen, el ministro de Justicia y el Ministerio de Justicia se oponen al proyecto de ley de Cerrón, argumentando que es innecesario, inconstitucional y pone en riesgo el sistema democrático. En su lugar, enfatizan la importancia de mantener los mecanismos establecidos
