Licenciamiento Permanente en Universidades: ¿Mejora Administrativa o Pérdida de Calidad?
En una decisión que ha generado un amplio debate, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha promulgado la Ley 32105, que establece el licenciamiento permanente para las universidades peruanas. Esta nueva normativa, anunciada a través del boletín de Normas Legales de “El Peruano”, elimina la obligación de renovar la autorización cada seis años, un mecanismo que garantizaba el cumplimiento de condiciones básicas de calidad. En lugar de ello, se implementarán evaluaciones periódicas inopinadas.
Cambio en la Ley Universitaria
La Ley 32105 modifica el artículo 13 de la Ley Universitaria, otorgando a las universidades un licenciamiento de carácter permanente, siempre y cuando demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad. Esta disposición ha sido presentada como una forma de reducir la burocracia y dar mayor autonomía a las instituciones educativas. Sin embargo, ha suscitado críticas severas y preocupaciones significativas sobre su impacto en la calidad educativa.
Críticas y preocupaciones
El exministro de Educación, Idel Vexler, ha sido uno de los críticos más vocales de esta nueva ley. Vexler ha subrayado que la normativa es incompleta y puede resultar en una disminución de la calidad educativa. Según él, la ausencia de un proceso regular de renovación de licencias podría desincentivar a las universidades a invertir en la mejora de sus infraestructuras y procesos académicos. Vexler propone introducir mecanismos de acreditación y una modalidad de enseñanza híbrida, argumentando que la virtualidad total no es adecuada para todas las profesiones, especialmente aquellas que requieren formación práctica intensiva.
Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), comparte esta preocupación. Mori alerta que el licenciamiento permanente podría debilitar el financiamiento público destinado a las universidades para mejorar sus condiciones básicas de calidad. “Se destinaron más de S/ 1,000 millones a las universidades públicas para que mejoren sus condiciones básicas de calidad durante los últimos años. Este nuevo marco legal pone en riesgo estos avances”, señaló Mori.
Impacto en la calidad educativa
La introducción de la educación a distancia como modalidad permanente es otra de las disposiciones de la Ley 32105. Si bien esta modalidad ofrece ventajas en términos de accesibilidad, también plantea desafíos significativos. La educación a distancia depende en gran medida de la infraestructura tecnológica y del acceso a recursos digitales. En un país con profundas desigualdades socioeconómicas, la implementación de un sistema educativo completamente virtual podría exacerbar la brecha digital, dejando atrás a aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet o a dispositivos adecuados.
Además, la falta de interacción presencial puede afectar la calidad del aprendizaje y el desarrollo de habilidades prácticas esenciales. Carreras que requieren laboratorios, prácticas clínicas o cualquier tipo de formación práctica intensiva no pueden depender exclusivamente de la enseñanza virtual. La falta de supervisión directa y el contacto personal entre estudiantes y profesores también puede impactar negativamente el desarrollo socioemocional de los estudiantes.
Grave retroceso para la reforma universitaria
La reforma universitaria en Perú, que comenzó con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), tenía como objetivo principal garantizar estándares de calidad en todas las universidades del país. La implementación de licencias temporales obligaba a las instituciones a mantener un nivel mínimo de calidad, promoviendo la mejora continua y la rendición de cuentas. La eliminación de esta obligación representa un grave retroceso en estos esfuerzos.
El proceso de licenciamiento periódico no solo funcionaba como un mecanismo de control de calidad, sino también como una forma de asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Con la nueva ley, la supervisión dependerá de evaluaciones inopinadas, cuya eficacia y frecuencia aún están por determinarse. La falta de claridad sobre cómo se llevarán a cabo estas evaluaciones genera incertidumbre sobre si realmente podrán asegurar la calidad educativa.
Consecuencias a largo plazo
A largo plazo, la Ley 32105 podría tener consecuencias negativas para el sistema educativo peruano. La disminución de la presión para cumplir con estándares de calidad puede llevar a una degradación gradual de la educación superior. Las universidades podrían optar por reducir inversiones en infraestructura y capacitación docente, afectando directamente la calidad de la educación que reciben los estudiantes.
Además, esta normativa podría afectar la reputación internacional de las universidades peruanas. La falta de un proceso riguroso de renovación de licencias podría ser percibida como una falta de compromiso con la calidad, afectando la competitividad de las universidades peruanas en el contexto global.
Dato:
La Ley 32105, que establece el licenciamiento permanente para las universidades peruanas, representa un cambio significativo en el panorama educativo del país. Aunque se presenta como una medida para reducir la burocracia y aumentar la autonomía universitaria, sus implicaciones para la calidad educativa son preocupantes. La falta de un proceso regular de renovación de licencias y la dependencia de evaluaciones inopinadas generan incertidumbre sobre si las universidades podrán mantener y mejorar sus estándares de calidad.
