Videovigilancia y escuchas telefónicas: Las técnicas que no lograron incriminar a los Alvarado
Juan Romel Alvarado Loarte, implicado en el caso de los “Negociadores de la Región” Huánuco, afirma su inocencia y alega que las acusaciones son producto de una venganza política. En una entrevista exclusiva con el Diario Ahora, Alvarado cuestiona la legalidad del proceso y la falta de pruebas concretas en su contra.
El caso de los Negociadores de la Región Huánuco ha dado un giro inesperado con las declaraciones de Juan Romel Alvarado Loarte, uno de los principales imputados. Alvarado, quien estuvo recluido en el Penal de Potracancha por más de un año, sostiene que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y son resultado de una persecución política contra su familia.
“Nos han imputado actos o delitos que no hemos cometido en algún momento y la Fiscalía no ha probado hasta el momento una sola prueba en contra de nosotros”, afirmó Alvarado durante la entrevista. El acusado enfrenta cargos por organización criminal y colusión simple, supuestamente por haber participado junto al exgobernador regional Juan Alvarado y su familia en actividades ilícitas.
Alvarado cuestiona la legalidad del proceso de investigación, alegando que se realizó en secreto durante más de 30 meses, excediendo el límite legal de 40 días para actos de investigación reservados. “Han sido cerca a mil días de investigación en secreto, no de actos de investigación, se ha vulnerado todos nuestros derechos”, señaló. Además, asegura que a pesar de las exhaustivas técnicas de investigación aplicadas, incluyendo videovigilancia y levantamiento de comunicaciones, no se ha encontrado evidencia que lo vincule a actividades delictivas.
Afirma no haber contratado con el Estado
Un punto crucial en la defensa de Alvarado es la afirmación de que ni él ni sus empresas han contratado con el Estado desde 2014. “Hay un oficio estimando, si mal no recuerdo que es el 59, que el mismo gobierno regional de la actual gestión remite a la Fiscalía de Lima, en el cual dice bien claro que el señor Juan Romel Alvarado Loarte con RUC y la empresa el cuál soy el titular e Inversiones Chinchaysuyo e Inversiones Rosario, no ha contratado con el Estado desde el año 2014”, declaró.
Grupos de poder en su contra
El imputado sugiere que detrás de estas acusaciones podrían estar grupos de poder y rivales políticos, aunque aclara que son solo rumores sin confirmación. “Bueno yo supongo que hay grupos de poder, hay grupos políticos que han participado, inclusive nos han dicho por ahí, tampoco está confirmado que el señor Lucho Picón está detrás de todo esto, el señor Josué Gutiérrez igual, pero no tenemos confirmación, no estoy afirmando, tenemos solamente rumores y que están detrás de todo esto, porque Juan Alvarado le gana Lucho Picón y le gana Josué Gutiérrez en las elecciones regionales de 2018”, mencionó Alvarado, relacionando estas supuestas acciones con la victoria electoral de Juan Alvarado en las elecciones regionales de 2018.
Alvarado enfatiza que estas acusaciones parecen ser parte de una estrategia más amplia para perjudicar a su familia políticamente:
“Este es un acto de venganza que linda con lesa humanidad. Porque quieren desaparecer a una familia Alvarado que está metida en la política o que tiene injerencia en la política.”
Además, cuestiona por qué la investigación se ha centrado exclusivamente en su familia:
“Entonces, la figura es esta ¿por qué persiguen solamente a la familia alvarado?, En la disposición número uno de la fiscalía, dice bien claro, tienen que hacer videovigilancias en las casas de tal, cual y tal persona. En esa disposición dice, ¿se va a hacer la vigilancia a algún funcionario público? No. ¿O algún gerente? No. ¿Algún miembro del comité? No. Pero sí a toda la familia Alvarado, la casa de profesor, la casa de los hijos, los almacenes, las oficinas de los hijos y mi casa.”
Dato:
Este caso ha generado controversia en la región Huánuco y plantea interrogantes sobre la administración de justicia y las posibles motivaciones políticas detrás de las acusaciones. Mientras Alvarado insiste en su inocencia y en la falta de pruebas concretas, las autoridades judiciales mantienen los cargos. El desarrollo de este proceso será crucial para determinar la veracidad de las acusaciones y sus implicaciones en el escenario político regional.
