La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco ha iniciado una investigación en la Junta de Bienes de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. Esta acción surge tras una denuncia de César Augusto Cachay Santamaría, presidente del Club Central, sobre presuntos manejos irregulares en los contratos de arrendamiento de la institución. La denuncia, que coincide con el día del desalojo del Club Central, ha levantado sospechas sobre sus motivaciones y el timing de su presentación.
El foco de la investigación está en los alegatos de que los arrendatarios han estado pagando mucho más de lo que los contratos oficiales, de apenas 15 soles mensuales, estipulan. Estos pagos adicionales supuestamente se realizan “debajo de la mesa”. La fiscal Luz Sánchez Figueroa, quien lidera el caso, ha etiquetado la investigación como “con complejidad” y anticipa que se extenderá por ocho meses.
El escrutinio no solo recae en los arrendamientos sino también en las figuras claves de la administración escolar, incluido el presidente de la Junta de Bienes y director de la GUE Leoncio Prado, Julio César Chávez Cabrera. Chávez Cabrera ha rechazado las acusaciones, describiéndolas como parte de una campaña de venganza relacionada con el desalojo del Club Central, sugiriendo que la denuncia puede estar impulsada por motivos personales y políticos más que por preocupaciones legítimas sobre corrupción.
