Abogado Gary Roldán denuncia procedimiento ‘muerto’ en clausura de local nocturno
La discoteca Bunyar, ubicada en el distrito de Amarilis, Huánuco, enfrenta un polémico cierre definitivo por parte de la municipalidad local. El empresario Franco Pedraza Rolando y su asesor legal Gary Roldán Ponce denuncian irregularidades en el procedimiento y abuso de autoridad, alegando que las medidas tomadas carecen de fundamento legal.
El conflicto se originó el 31 de marzo cuando la municipalidad impuso un cierre temporal y una multa a Bunyar por supuesta contaminación sonora. Según el abogado Gary Roldán, este procedimiento “nació muerto” debido a irregularidades en su ejecución. La ley establece que el cierre temporal debe ser realizado por un funcionario competente y no es delegable a policías municipales, como ocurrió en este caso.
El 5 de abril, la municipalidad dictó el cierre definitivo del local, argumentando incumplimiento en el pago de la multa. Sin embargo, Roldán sostiene que esto viola la normativa vigente, ya que la ley no permite imponer simultáneamente una multa y un cierre temporal, ni condicionar la reapertura al pago de una sanción.
La situación escaló el 7 de julio cuando autoridades municipales procedieron al tapiado del local en horas de la madrugada, sin previa notificación. Roldán argumenta que esta acción no estaba contemplada en las resoluciones previas y se realizó sin el debido proceso.
Los representantes de Bunyar aseguran que cumplen con todos los requisitos legales y han realizado mejoras en la insonorización del local. Afirman no tener quejas de vecinos por ruidos molestos y cuestionan el procedimiento de medición de decibeles realizado por la municipalidad.
El caso ha generado preocupación por las implicaciones para el derecho al trabajo y la libre empresa. Roldán señala que se están vulnerando derechos laborales y de libre competencia. Además, destaca que el procedimiento administrativo debería seguir su curso legal, incluyendo la posibilidad de apelar ante el Poder Judicial antes de ejecutar medidas definitivas.
Mientras tanto, Bunyar permanece cerrado, afectando no solo a sus propietarios sino también a los trabajadores del local. La empresa espera que las autoridades judiciales revisen el caso y determinen si el cierre se ajusta a la legalidad, en un proceso que podría extenderse por un tiempo considerable.
Dato:
Los propietarios de Bunyar han interpuesto recursos de apelación y denuncias por abuso de autoridad ante la fiscalía. También anuncian que llevarán el caso a instancias judiciales superiores, buscando revertir lo que consideran un cierre arbitrario e ilegal.
