El Gobierno, liderado por el primer ministro Gustavo Adrianzén, manifestó una fuerte oposición ante la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de no dar vigencia a un controversial proyecto de ley que permitiría la prescripción de crímenes de lesa humanidad. El anuncio se hizo este miércoles, tras una resolución emitida por la Corte IDH que solicita a Perú asegurar que el mencionado proyecto de ley no entre en efecto.
Durante una conferencia de prensa al concluir el Consejo de Ministros, Adrianzén expresó su indignación, calificando la medida de la Corte IDH como “insólita” y sin precedentes, al intervenir en la legislación nacional que aún no se ha convertido en ley. “Es intolerable que se llame a los tres poderes del Estado para impedir que ejerzan funciones que les son constitucionalmente atribuidas”, agregó el Primer Ministro.
El proyecto en cuestión, impulsado por sectores políticos vinculados al fujimorismo y exjefes de las Fuerzas Armadas, busca limitar el procesamiento de delitos cometidos antes de 2002, excluyendo así crímenes del conflicto interno que dejó 69,000 muertos.
Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, incluidos expertos de la ONU, han advertido que esta ley, de ser aprobada, violaría obligaciones internacionales y negaría justicia a las víctimas de atrocidades como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
La Corte IDH ya había pedido a Perú detener el trámite de esta ley hasta que pudiera emitir una decisión al respecto, una solicitud que responde a la necesidad de proteger el acceso a la justicia de las víctimas de estas violaciones graves. A pesar de la controversia, se espera que el Congreso peruano realice una segunda votación para decidir el futuro de esta iniciativa legislativa.
