La denuncia sobre abusos sexuales contra 524 niñas de la etnia amazónica Awajún causó sobresalto en el Gobierno.
Aunque la cifra corresponde a casos ocurridos en la última década, según el Consejo de Mujeres Awajún que preside la profesora Rosemary Pioc, las autoridades de la UGEL Condorcanqui 302 sólo sancionaron tibiamente al 20% de los maestros responsables.
Gustavo Adrianzén, presionado por el escalamiento del tema y se involucró en el asunto. Anunció que el Ejecutivo ha dispuesto una exhaustiva investigación en el lugar de los abusos. “Se tienen que investigar los hechos; vamos a estar con las víctimas. Rechazamos toda forma de abuso sexual”.
“Las víctimas tendrán que recibir atención integral de salud a nivel psicológico por si han sido contagiadas por el virus del VIH”, agregó.
“Nuestras obligaciones como Estado democrático no permiten ni justifican este delito”, puntualizó.
