El Ministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea, enfrentó críticas tras calificar de “injerencista” un comunicado de las embajadas de 16 países, incluyendo la Unión Europea, que expresaron preocupaciones sobre un proyecto de ley que afectaría a las ONG en Perú. Las embajadas manifestaron que los cambios propuestos en la ley podrían perjudicar el funcionamiento de la sociedad civil, vital para la democracia en el país.
González-Olaechea argumentó que algunas ONG realizan activismo político, citando intentos de secesión apoyados por fondos extranjeros. Su declaración se produce en un contexto de debate sobre una ley que busca modificar las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), limitando la autonomía de las ONG, especialmente aquellas que reciben financiamiento internacional.
La ley propuesta ha sido rechazada por organizaciones locales e internacionales, quienes comparan la medida con leyes restrictivas en países como Venezuela, Nicaragua y Rusia. Además, han señalado que podría sancionar a las ONG con multas o incluso la cancelación de sus registros si se consideran que realizan “activismo político”.
Las críticas no solo provienen de las embajadas y las ONG, sino también de figuras políticas y legales destacadas, como la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, quien resaltó la importancia de las ONG en áreas desatendidas por el estado peruano. El debate continúa mientras las comunidades y líderes políticos internacionales observan de cerca, esperando que Perú mantenga su compromiso con los principios democráticos y la libertad de asociación.
