El Congreso de Perú aprobó recientemente en primera votación una controvertida Ley de Amnistía que podría prescribir crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2001. Este desarrollo legislativo ha puesto al país en el punto de mira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha exigido al gobierno de la presidenta Dina Boluarte que clarifique los alcances de esta normativa antes del 12 de junio.
Esta acción de la CIDH responde a una petición de medidas provisionales solicitadas por las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos en el Perú. La solicitud de la CIDH, emitida el 8 de junio, pide al Estado peruano y a la Comisión Interamericana que presenten sus observaciones sobre la ley, que se conoce como el Proyecto de Ley 6951/2023-CR.
La petición de las víctimas, canalizada a través del Instituto de Defensa Legal por el abogado Carlos Rivera Paz, insta al tribunal a adoptar medidas que impidan que la norma avance a una segunda votación en el Congreso, prevista para el próximo jueves. Los solicitantes exigen que se interrumpa el trámite legislativo y se evite la aprobación de cualquier normativa similar que podría redefinir y limitar la jurisdicción sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, comprometiendo así la protección de los derechos humanos en Perú.
Este llamado a la prudencia subraya las profundas preocupaciones sobre las potenciales consecuencias de la ley, que podría llevar a un escenario donde graves violaciones a los derechos humanos queden sin el debido proceso judicial.
