En un intenso esfuerzo por combatir la trata de personas en la región de Huánuco, la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Trata de Personas ha logrado significativos avances en la desarticulación de varias bandas delictivas dedicadas a este grave delito. Con la aplicación de medidas coercitivas de prisión preventiva, la justicia ha comenzado a cerrar el cerco sobre estos grupos criminales.
Primera Intervención: Operación “Gatitas Sexis”
En abril, la fiscalía obtuvo una prisión preventiva de nueve meses contra Jersin Bernal Calderón y Avelino Tarazona Espíritu. Estos individuos fueron arrestados por facilitar la prostitución en un bar clandestino donde menores de edad eran explotados sexualmente. El bar, conocido por sus actividades ilícitas, fue un foco de operaciones que implicaba a otros colaboradores que facilitaban la explotación.
Segunda Acción: Rescate de Madres Solteras
Posteriormente, en una operación liderada por el fiscal Brosely Osco Mamani, cuatro individuos fueron capturados bajo cargos de trata de personas agravada. Los detenidos explotaban a mujeres vulnerables, muchas de ellas madres solteras, ofreciéndoles alojamiento y comida a cambio de su explotación en largas jornadas nocturnas en condiciones abusivas. Este operativo culminó con prisión preventiva de 18 meses para los administradores del local denominado “La Totó”, situado en Huánuco.
Tercera Medida:
La última de estas acciones se llevó a cabo con la imposición de una medida de 36 meses de prisión preventiva a los propietarios de establecimientos nocturnos, incluyendo el conocido night club “Kaprichos”. Estos lugares funcionaban como fachadas para la explotación sexual y laboral de mujeres, algunas de las cuales eran extranjeras, que eran retenidas y obligadas a trabajar bajo coacción económica y física.
Estos importantes pasos forman parte de una serie de operativos que han revelado la profundidad de la red criminal involucrada en la trata de personas en la región. Las víctimas, cuyas identidades se mantienen en reserva para proteger su integridad, fueron sometidas a condiciones degradantes y deshumanizantes, lo que subraya la necesidad de una continua y rigurosa acción judicial y policial.
