La tensión aumenta en el ámbito jurídico tras la orden judicial que reinstaura a María Caruajulca como procuradora general del Estado, mandato que el Ejecutivo aún no ha ejecutado. Caruajulca, destituida en 2022, fue restituida por una decisión del Poder Judicial el pasado 13 de mayo. Sin embargo, Javier Pacheco, quien fue nombrado en su lugar el 4 de mayo por la presidenta Dina Boluarte, sigue ocupando el cargo.
En un movimiento decisivo, Caruajulca envió el lunes una carta notarial a Pacheco, exigiéndole que cese de inmediato sus actividades como procurador. En la carta, Caruajulca amenaza con tomar acciones legales si Pacheco no acata la orden judicial de desocupar el puesto a partir de las 00:00 horas del 21 de mayo.
El Ministerio de Justicia, responsable de implementar la orden, ha sobrepasado el plazo de tres días establecido sin cumplir con la directiva. Pacheco, por su parte, ha intentado influir en el proceso mediante escritos al expediente judicial que buscan autorización para intervenir en el caso, complicando aún más la situación.
Esta controversia destaca los desafíos en la administración de justicia y gobernanza en Perú, evidenciando un conflicto significativo entre las órdenes judiciales y las acciones del Ejecutivo.
