El proyecto de ley, impulsado por el partido Fuerza Popular y sus aliados, propone desmantelar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y establecer la Escuela Nacional de la Magistratura, generando preocupación sobre el impacto en la autonomía de este órgano de justicia en Perú. La iniciativa, presentada por la congresista Gladys Echaíz de Renovación Popular, ha sido criticada por su mal momento y potenciales consecuencias negativas para el sistema de justicia del país.
Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observación (MIO), expresó su preocupación diciendo que el Congreso, aunque tiene la facultad de proponer reformas constitucionales, debería considerar el timing y el efecto desalentador que la medida podría tener sobre futuros postulantes a la JNJ. Arellano destacó que la JNJ, que se encuentra en proceso de selección de nuevos integrantes, fue creada a través de un referéndum y cuenta con un respaldo considerable de la ciudadanía y grupos privados.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución y, de ser aprobado, eliminaría un órgano que ha jugado un papel fundamental en la independencia del sistema judicial. Arellano subrayó la necesidad de que la JNJ permanezca independiente del poder político, especialmente ahora que enfrenta casos importantes, incluyendo el de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La propuesta ha sido vista por algunos como un intento de convertir la JNJ en un “botín político”, debido a sus facultades de nombramiento en el sistema judicial y electoral del país. La situación sigue siendo objeto de un debate acalorado y un punto de inflexión crítico para la gobernanza judicial en Perú.
