La Contraloría General de la República reveló en un reciente informe que la contratación de la empresa Joinnus por el Ministerio de Cultura (Mincul) para gestionar la venta de boletos a Machu Picchu fue ilegal al no llevarse a cabo mediante un concurso público. Este hallazgo contraviene la Ley de Presupuesto del Sector Público y la Ley de Contrataciones del Estado del año fiscal 2023.
El documento, que abarca 67 páginas, indica la posible implicación de funcionarios del ministerio en irregularidades contractuales, sugiriendo que esta adjudicación limitó la competencia al restringir otros posibles oferentes. En respuesta a estos hallazgos, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha sido instada a tomar medidas correctivas.
Por su parte, la congresista Ruth Luque exigió en X, anteriormente conocida como Twitter, que el Ministerio Público tome cartas en el asunto para determinar la responsabilidad penal de los funcionarios implicados. Luque subrayó la importancia de la transparencia y la legalidad en las administraciones públicas,
Mientras tanto, el Ministerio de Cultura anunció que ha seguido las recomendaciones de la Contraloría y ha separado a tres personas involucradas, a pesar de afirmar que el proceso fue transparente y libre de corrupción.
