Crisis de confianza en Puerto Inca: Pobladores reclaman imparcialidad en investigación sobre abusos policiales
En un ambiente de creciente tensión, las rondas campesinas y la población de Puerto Inca se han movilizado para denunciar presuntos actos de corrupción y abusos por parte de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la localidad. La audiencia pública realizada frente a la comuna provincial, reflejó el descontento generalizado ante las acusaciones de extorsión, coerción y conductas inapropiadas atribuidas a algunos miembros de la institución policial.
Según testimonios de los manifestantes, ciertos efectivos policiales han sido vistos solicitando cupos o coimas a los ciudadanos, generando un clima de desconfianza y temor en la comunidad.
“¿La policía está preparada? Perdón, las rondas campesinas están preparadas en todo, porque nosotros, quienes incorporamos las rondas campesinas, el 98% somos licenciados de las fuerzas armadas y hemos sido preparados en su momento en tiempo del terrorismo”, declaró un rondero en referencia a su capacidad para identificar conductas sospechosas.
Los manifestantes también denunciaron casos específicos de presuntos abusos. Un ciudadano relató que el 22 de marzo, un campesino que vendió su cacao fue despojado de 100 soles por las autoridades. “El 22 de marzo, a un campesino que vendió su cacao le quitaron 100 soles. El 3 de mayo, cuando llevaba productos a la rampa, me encontré con la falta de conocimiento de los superiores sobre las funciones de sus subordinados”, relató un poblador con más de 40 años de residencia en Puerto Inca.
Este mismo residente denunció que algunos policías han ingresado a sus puestos gracias a tener “padrinos arriba”, reflejando una falta de valoración del civismo y el patriotismo. Aseguró que el pueblo “no quiere ver ni siquiera al comisario” debido a su presunta implicación en actos indebidos.
Otro testimonio destacó que, durante su periodo como rondero, de 42 delincuentes capturados, la mitad fueron liberados por la policía, lo que consideran evidencia de la corrupción existente.
Los pobladores también acusaron a la policía de estar involucrada en la venta de drogas y de premiar a los implicados con traslados a zonas más tranquilas en lugar de sancionarlos. “Esto ha ocurrido en al menos seis a siete casos”, afirmó un residente.
Las acusaciones también apuntaron a la supuesta participación de efectivos policiales en la venta de drogas. Según un residente, en al menos seis o siete casos, los implicados fueron premiados con traslados a zonas más tranquilas, como Pozuzo, en lugar de ser castigados adecuadamente, lo que consideran injusto y contrario a la disciplina que debería prevalecer.
En respuesta a las denuncias, un efectivo policial presente en la asamblea indicó que los involucrados en los incidentes mencionados están siendo sujetos a una investigación administrativa disciplinaria. Aseguró que no tenía la facultad para ordenar cambios de destino y que los efectivos señalados ya habían sido cambiados.
Reclamos ante autoridades
Las rondas campesinas y grupos de ciudadanos, reclamaron no solo el cambio de los efectivos policiales cuestionados y la intervención de autoridades superiores, sino también el retiro total del cuerpo policial de la zona.
La muchedumbre exigía que se imparta justicia de manera imparcial y transparente. “Queremos que se tomen acciones concretas respecto a la inconducta funcional y los petitorios de la ciudadanía”, clamaban.
Un portavoz de los manifestantes advirtió que, si no hay solución, la lucha continuará. “Vamos a seguir luchando y solicitar la presencia de representantes del Ministerio del Interior o del inspector de Pucallpa para abordar la situación”, expresó.
La tensión escaló cuando dos efectivos policiales, vestidos de civil, que supuestamente tomaban fotografías de manera sospechosa durante la protesta, fueron retenidos por los ronderos al no identificarse adecuadamente.
Luego del acalorado debate, los dos efectivos policiales fueron sometidos a un castigo corporal por parte de las rondas campesinas después de ser acusados de tomar fotografías y negarse a identificarse. Según los informes de la asamblea, los policías fueron detectados en actitud sospechosa, lo que llevó a su intervención. La tensión entre los pobladores y las autoridades se intensificó cuando, tras una audiencia con las rondas campesinas, se decidió imponer a cada uno de los efectivos tres latigazos como castigo por su comportamiento.
Dato:
Posteriormente, los ronderos y pobladores marcharon hacia las instalaciones del Poder Judicial y el Ministerio Público para expresar su descontento con el sistema de justicia. Desde los organizadores se planteó conformar una comisión para coordinar con las autoridades locales y exigir la intervención de instancias superiores que garanticen una investigación imparcial sobre las denuncias contra la policía. En medio de la protesta, una madre desesperada por la desaparición de su hijo en circunstancias confusas pidió apoyo a los ronderos para encontrarlo, lamentando no haber recibido respaldo de las autoridades. La crisis de confianza en Puerto Inca refleja una tensión creciente entre los ciudadanos y las fuerzas del orden, donde la credibilidad de las instituciones se ve seriamente comprometida.
