El Tribunal Constitucional (TC) restableció la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), suspendiendo una medida cautelar del Poder Judicial que los había reintegrado. La decisión responde a una apelación pendiente sobre la legalidad de la medida cautelar inicial, que será finalmente resuelta por la Corte Suprema.
El magistrado César Ochoa, en una declaración a RPP, explicó que la suspensión de la medida cautelar es temporal, hasta que se resuelva la apelación, momento en el que la Corte Suprema podría confirmar o revocar la medida inicial. Ochoa también aclaró que no se está violando el artículo 139 de la Constitución, que prohíbe la interferencia en procesos judiciales, argumentando que el TC está ejerciendo su competencia de supervisión sin anular la medida cautelar.
El abogado constitucionalista Omar Cairo criticó la decisión del TC, sugiriendo que podría considerarse un error y carecer de consecuencias efectivas. Añadió que no cree que el Poder Judicial ceda ante una resolución que percibe como un exceso del Tribunal Constitucional.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, celebró el fallo del TC en Twitter, afirmando que respalda la decisión legal y constitucional del Pleno de inhabilitar a Tello y Vásquez. Alejandro Muñante de Renovación Popular también apoyó la decisión, destacando que era necesario acudir al TC para hacer respetar las prerrogativas del Legislativo frente a lo que considera una infracción de sus competencias por parte del Poder Judicial.
Adicionalmente, el TC declaró infundada una demanda competencial del Ministerio Público contra la JNJ, afirmando que la Junta tiene competencia para investigar y sancionar a fiscales, incluida la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en ciertos aspectos de gestión que impacten en la función fiscal.
