La investigación contra el expresidente peruano Martín Vizcarra se ha intensificado, ya que el juez supremo Juan Carlos Checkley ha decidido continuar y formalizar la investigación preparatoria en su contra. Vizcarra enfrenta acusaciones de tráfico de influencias agravado y otros delitos relacionados con el caso conocido como ‘Richard Swing’, vinculado a presuntas irregularidades en contrataciones dentro del Ministerio de Cultura.
Según las acusaciones, Vizcarra habría facilitado encuentros para asegurar un puesto a Richard Cisneros Carballido en el Ministerio, a pesar de que este no cumplía con los requisitos necesarios para el cargo. La medida también afecta a Patricia Balbuena, exministra de Cultura, quien está acusada de peculado doloso por su papel en la gestión de fondos del Ministerio.
El caso se remonta a la campaña electoral de 2016 y sugiere un largo periodo de influencia indebida y contrataciones cuestionables que siguieron durante el mandato de Vizcarra. Testigos han declarado que Cisneros había sido recomendado persistentemente por Vizcarra para contrataciones en el Ministerio, a pesar de la resistencia inicial de varios ministros.
Este escándalo ha resaltado las dificultades en la administración de la cultura y la gobernanza en Perú, planteando serias preguntas sobre la integridad de los funcionarios públicos en la gestión de recursos y cargos estatales.
