El Poder Judicial de Perú admitió a trámite un habeas corpus presentado por el abogado Marcos Rivera en favor de la presidenta Dina Boluarte, desafiando la legalidad de un allanamiento realizado en su domicilio. La acción legal, dirigida contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, busca anular el procedimiento efectuado en la residencia de Boluarte en Surquillo, argumentando una supuesta vulneración del debido proceso.
La demanda sostiene que Villena, quien no habría juramentado formalmente ante la presidenta, carece de autoridad para liderar investigaciones en su contra, especialmente aquellas derivadas de denuncias periodísticas sobre la posesión de joyas de alto valor por parte de Boluarte. El letrado Rivera argumenta que la intervención de un fiscal de menor rango en el allanamiento transgrede los principios de legalidad procesal, siendo el fiscal de la Nación la única figura con potestad para investigar a un jefe de Estado en funciones.
Este episodio suma un nuevo capítulo a las tensiones entre la Presidencia y el Ministerio Público, poniendo en relieve las complejidades jurídicas y políticas que enfrenta el gobierno de Boluarte. La resolución del habeas corpus podría tener implicaciones significativas para el balance de poderes en Perú, así como para la interpretación de las normas que rigen la conducta y las investigaciones en contra de los más altos funcionarios del Estado.
