Seis congresistas de diversas bancadas han presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicitando su inhabilitación por 10 años. Los legisladores acusan a Villena de delitos como abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones, relacionados con la investigación preliminar contra 14 congresistas en un caso de presunta organización criminal.
Esta acción se basa en la asignación de la investigación a la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, lo que, según los congresistas, viola el principio de legalidad y transgrede el debido proceso al eludir la competencia exclusiva del fiscal de la Nación para investigar a miembros del Congreso según la ley 27399.
Los congresistas argumentan que Villena ha incurrido en un abuso de autoridad al delegar indebidamente facultades investigativas y en prevaricato por dictar una resolución contraria a la Constitución y la ley. Además, sostienen que ha ejercido violencia contra autoridades elegidas al intentar impedir el proceso de denuncia constitucional contra la fiscal Espinoza y patrocinio ilegal al favorecer a Espinoza con su petición al Congreso.
La denuncia también señala a Villena por omisión en actos funcionales relacionados con el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, acusándolo de un “silencio absoluto” ante hechos que involucran penalmente a Sánchez. La situación subraya el creciente conflicto entre el Poder Judicial y el Legislativo en Perú, con implicaciones serias para el estado de derecho y la separación de poderes en el país.
