En una decisión judicial significativa, la Primera Sala Constitucional de la Corte de Lima ha concedido una medida cautelar a Rafael Vela, permitiéndole retomar de manera provisional sus funciones como coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las Fiscalías de Lavado de Activos. Esta resolución viene tras la suspensión impuesta por Antonio Fernández Jerí, de la Autoridad Nacional de Control (ANC), quien había apartado a Vela de sus cargos por un periodo de ocho meses y quince días.
El fallo subraya la provisionalidad de la medida, la cual se mantendrá hasta que se resuelva el proceso de amparo iniciado por Vela contra la sanción de la ANC, argumentando que dicha suspensión vulnera derechos fundamentales, como la imparcialidad de los órganos decisores. La defensa de Vela, representada por Luciano López, ha destacado la naturaleza arbitraria de la suspensión, señalando además la privación de beneficios como el seguro médico de salud del fiscal.
Este acontecimiento marca un capítulo crucial en la disputa interna dentro del Ministerio Público, resaltando acusaciones de coordinaciones ilegales entre la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y Fernández Jerí para remover a Vela. La resolución de la corte ordena la reposición provisional de Vela, enfatizando la importancia de mantener la integridad y la imparcialidad en las investigaciones y procesos judiciales del país.
