El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha aceptado la invitación del gobierno de Nayib Bukele y viajado a El Salvador para intercambiar experiencias en materia de seguridad pública. La estadía de Arana se extenderá hasta el sábado y tiene como objetivo fortalecer la implementación de la Política Nacional Penitenciaria en Perú.
El intercambio se realizará en el contexto del régimen de excepción que vive El Salvador desde 2022, debido a una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. La visita implicará un gasto de US$ 4720.77 del erario público peruano, destinado a pasajes y viáticos por tres días.
Raúl Pérez Reyes, titular de Transportes y Comunicaciones, asumirá el despacho de Arana durante su ausencia. Este acercamiento entre los gobiernos de Boluarte y Bukele marca un primer paso hacia la cooperación en materia de seguridad y justicia entre ambos países.
El presidente salvadoreño, reelegido para el período 2024-2029 con un respaldo electoral del 84,6%, ha sido reconocido por su política de lucha contra las pandillas. Sin embargo, esta política ha generado preocupaciones por posibles violaciones de derechos humanos, especialmente en el ámbito carcelario.
La inauguración reciente del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel con capacidad para 40 000 pandilleros, ha sido objeto de críticas por falta de transparencia y posibles abusos. Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por la continuidad de los abusos en el sistema penitenciario salvadoreño.
A pesar de las críticas, la popularidad de Bukele parece mantenerse intacta, destacando la complejidad de los desafíos que enfrenta la democracia en la región.
