La acusación fiscal contra la lideresa fujimorista ha desencadenado una intensa controversia política en el panorama peruano. Según el Ministerio Público, Patricia Benavides buscaba socavar registros de aportes de periódicos, ONG’s y empresas nacionales y extranjeras, todo con el objetivo de impulsar la carrera política de la hija del exdictador Alberto Fujimori.
Las revelaciones del exasesor Jaime Villanueva ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos han causado un revuelo aún mayor al implicar a los fiscales del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Estas acusaciones han fortalecido la posición de Keiko Fujimori, quien busca invalidar la acusación fiscal.
La acusación imputa a Fujimori y otros líderes de Fuerza Popular el lavado de activos por más de USD$17.3 millones. Los fondos provendrían de diversas fuentes, incluyendo aportantes corporativos y eventos de campaña. Destacan contribuciones millonarias de prominentes empresarios peruanos como Enrique Gubbins y Dionisio Romero.
El caso, ahora en fase de juicio, promete exponer más detalles sobre estos aportes ilegales. Sin embargo, la solicitud de Fujimori para remover a los fiscales titulares añade un nuevo giro a este complejo escenario político.
