En un giro dramático y casi cinematográfico, Rigoberto Orizano Acosta experimentó la libertad por escasos minutos antes de ser detenido nuevamente, esta vez bajo la sombra de una orden de captura pendiente por tráfico de drogas. La escena, digna de un guion de suspenso, se desarrolló en las inmediaciones del establecimiento penal de Potracancha, donde Orizano, de 61 años, había sido excarcelado la tarde de ayer tras una disposición de la Sala Penal Liquidadora de Huánuco que le otorgaba la libertad debido a la retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público.
Orizano, apenas saboreando el aire libre y a punto de cruzar el umbral hacia su nueva vida, fue interceptado por efectivos de seguridad que, en una verificación de rutina, descubrieron la ominosa orden de captura que databa del año 2019, emitida por la Sala Mixta de Huánuco. Este infortunio lo llevó de vuelta a la custodia de las autoridades, poniendo un abrupto fin a su breve libertad.
El caso de Rigoberto Orizano no solo subraya la eficiencia de los controles de seguridad en los puntos de salida de los establecimientos penitenciarios sino que también resalta la complejidad de los sistemas de justicia y penitenciarios. Con documentos en mano, Orizano fue trasladado a la sede de la Policía Judicial, donde su destino legal será decidido por la Sala que emitió la orden de captura, marcando otro capítulo en su ya complicada historia legal. Este episodio reitera la inexorable mano de la ley que, incluso en momentos de aparente cierre, sigue escribiendo sus dictámenes en el libro de la justicia.
