El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha tomado una postura firme frente al paro general en el distrito de Machupicchu, que protesta contra la implementación de una nueva plataforma de venta de boletos al santuario de Machu Picchu. Otárola advirtió a los manifestantes sobre las consecuencias legales de bloquear vías, citando el Decreto Legislativo N° 1589, que impone penas de cárcel a quienes obstruyan accesos a patrimonios nacionales.
A pesar de las conversaciones entre el Ministerio de Cultura, el gobernador regional de Cusco y el alcalde de Machupicchu, los gremios han rechazado los acuerdos propuestos y anunciaron la intensificación de sus medidas de fuerza. Otárola describió a los manifestantes como un “grupo reducido” con “intereses ocultos” y afirmó que el Gobierno no retrocederá en la implementación de la nueva plataforma de boletos administrada por Joinnus.
El premier destacó los esfuerzos del Gobierno para romper con lo que él llama una “mafia” que ha manipulado la venta de entradas, reiterando el compromiso de implementar un sistema moderno y transparente para el turismo mundial. La ministra Leslie Urteaga enfatizó que ya se están identificando a los manifestantes para hacer cumplir el decreto legislativo, enfocándose en restablecer la normalidad en Machu Picchu y asegurar un diálogo en un ambiente de paz.
