En Huánuco, la persistente deuda social con profesores jubilados y trabajadores de la salud representa un desafío moral y legal significativo para la administración regional. A pesar de las claras resoluciones judiciales que exigen el pago a estos exservidores del Estado, la falta de acción concreta y la opacidad en la información han exacerbado la situación. La incertidumbre y la indiferencia afectan a miles de docentes y profesionales de la salud que han dedicado sus vidas al servicio público.
El problema se agrava cuando se toma en cuenta que el Gobierno Regional de Huánuco ha gastado solo el 73.6% de su presupuesto para inversiones. Es decir, ha gastado 352,027,373 de 478,134,951 de presupuesto para proyectos, dejando sin ejecutar 126,107,578 millones. Este acto administrativo no solo refleja una gestión financiera cuestionable, sino que también ignora las necesidades de aquellos que han servido lealmente a la comunidad.
La solución a esta problemática es clara y factible: el Gobierno Regional de Huánuco debe priorizar el pago de esta deuda social. Esto implica, en primer lugar, un reconocimiento explícito de la deuda y una transparencia completa en cuanto a su magnitud. En segundo lugar, es fundamental una reasignación eficiente de los recursos financieros disponibles, asegurando que los fondos necesarios para estos pagos se mantengan y utilicen adecuadamente.
Curiosamente, a pesar de su tan cuestionada e infame gestión, exgobernador Juan Alvarado fue el que más hizo por el pago de la deuda social, llegando a pagar un promedio de 60 millones de soles por año durante tres años. Dicho esto, si hay bueno que adoptar de la gestión de Alvarado es esto, ojala que el gobernador Antonio Pulgar igualar y superar este valla. Es esencial que el gobierno regional actúe con empatía y eficiencia, reconociendo que detrás de cada proceso de juicio ganado, hay una vida, un educador o un trabajador de la salud que ha contribuido significativamente a la sociedad.
Y como si fuera poco, estos procesos judiciales les toman a la gran mayoría de adultos mayores entre 12 a 15 años, muchos de ellos se van de este mundo sin cobrar siquiera un centavo. Por lo que es totalmente injusto no se les reconozca lo que por ley se ha consentido.
