En una nueva y sorprendente fase del caso que involucra a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se han llevado a cabo allanamientos en las viviendas y oficinas de cuatro nuevos implicados. Entre ellos se encuentra el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y los abogados José Luis Hauyón Dall’Orto, Claudia Ruíz Mesías y Rudy Aguedo del Castillo.
El mandato judicial no solo abarca la incautación de toda la información relacionada con el caso, sino que también levanta el secreto de las comunicaciones de todos los implicados. Esta nueva fase del caso, liderada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), acusa a estas cuatro personas de conspirar para desmantelar el Equipo Especial Lava Jato, con el presunto objetivo de favorecer a 10 excongresistas y dirigentes del Partido Aprista Peruano (PAP).
Los excongresistas y líderes del PAP están siendo investigados por supuestamente haber recibido fondos de la empresa Odebrecht por un valor de US$200.000 destinados a la campaña electoral de 2006. Estas acusaciones se basan en las declaraciones del exasesor principal de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, quien colaboró con las autoridades.
El caso también implica al fiscal supremo adjunto Marco Huamán Muñoz y al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), Juan Fernández Jerí. Villanueva reveló que Benavides habría intentado coordinar su internamiento en una clínica para evitar su detención y le ordenó destruir información incriminatoria. Además, entregó copias de chats de WhatsApp que supuestamente implican al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la negociación de votos a cambio de impunidad.
