En medio de acusaciones de nepotismo, el Congreso de la República del Perú se encuentra en el centro de una controversia tras anunciar la construcción de una nueva y lujosa sede en Santa María del Mar, un exclusivo balneario ubicado a 50 kilómetros al sur de Lima. Según un informe de Cuarto Poder, la obra, aprobada por el parlamentario Alejandro Soto, costará 17 millones de soles y se ubicará cerca del malecón.
El nuevo edificio, financiado por los ciudadanos peruanos, contará con dos auditorios para 800 personas cada uno, seis salas de usos múltiples, tres áreas de biblioteca, seis baterías de baños, un área de recepción, tres restaurantes-cafetería, un estacionamiento para 500 autos, 10 aulas para 230 alumnos y tres zonas de rotonda para reuniones al aire libre. Esta información fue confirmada por la resolución 0958-2023 de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), a cargo de Wilder Sifuentes Quicalte, quien autorizó la cesión del terreno.
El alcalde de Santa María del Mar, Alberto Montaverde, expresó preocupaciones sobre cómo esta construcción podría afectar el equilibrio entre el desarrollo inmobiliario y la preservación de las playas del distrito.
La controversia se intensifica con el nombramiento de María Elisa Sifuentes Quicalte, hermana menor de Wilder Sifuentes Quicalte, como médico ocupacional en el Parlamento días después de la cesión del terreno. A pesar de tener un contrato vigente, se reportó su ausencia durante tres días consecutivos en el trabajo, mientras percibe un salario superior a los S/ 15 mil.
Este proyecto, que tiene un plazo máximo de dos años para su desarrollo antes de que el terreno retorne a la SBN, ha generado un amplio debate sobre la gestión de recursos públicos y la transparencia en las decisiones del Congreso peruano
