Nos encontramos a escasas semanas de finalizar el 2023 y el presupuesto regional sigue sin ejecutarse. Según cifras oficiales, ni siquiera la mitad de lo asignado este año se ha gastado en obras para los huanuqueños. ¿A qué se debe esta lamentable situación? La respuesta de las autoridades es que hubo “imprevistos” por culpa de empresas constructoras que no completaron expedientes o abandonaron proyectos.
Sin embargo, esto no es una justificación válida. Es responsabilidad del Gobierno Regional supervisar y exigir el cumplimiento de los contratos. No podemos permitir que se entreguen millonarias obras a empresas que luego se esfuman sin rendir cuentas, mientras las carreteras siguen deteriorándose y las comunidades sufren las consecuencias.
Urge la visita anunciada del ministro de Transportes para destrabar proyectos clave como la carretera Huánuco-La Unión-Puerto Inca. También es inaceptable que la vía Ambo-Yanahuanca-Oyón lleve años demorada cuando brindaría un acceso directo a la costa sin pasar por Ticlio. Las autoridades deben activar mecanismos legales y hacer valer las cartas fianza para defender los intereses regionales.
Urge una fiscalización más eficiente en todas las fases de las licitaciones para garantizar que el presupuesto regional se invierta en las necesidades de la población y no termine en los bolsillos de unos pocos.
Los huanuqueños merecemos respeto. Si las autoridades no pueden gestionar adecuadamente los recursos, que den un paso al costado. Se vienen las elecciones y el pueblo sabrá elegir a quienes realmente trabajen por el desarrollo de la región. Basta de corrupción y burocracia. Es hora de un cambio real por el bien de Huánuco.
A tener muy en cuenta también las denuncias de irregularidades y corrupción. Año tras año vemos cómo se repiten las mismas excusas pero ninguna autoridad toma acciones concretas para solucionarlo. Siempre son promesas que “el próximo año será diferente”, pero la realidad demuestra todo lo contrario.
