Un llamado a la acción contra el crimen organizado

En una era en la que la delincuencia debería estar en retirada ante el avance de la tecnología y la cooperación internacional, nos encontramos, con consternación, enfrentando un escenario en el que organizaciones criminales como la banda “Los Gallegos”, vinculada al “Tren de Aragua” de Venezuela, extienden sus tentáculos de corrupción y violencia en nuestro país, desafiando la autoridad del Estado peruano y comprometiendo la seguridad y la libertad de nuestra gente.

Este no es un problema aislado, ni se circunscribe a un distrito o una ciudad. La presencia de esta red delictiva en diversas localidades —desde Tarapoto hasta Lima— ejerciendo delitos tan atroces como la trata de personas, es un síntoma alarmante de una enfermedad sistémica que corroe los cimientos de nuestra sociedad.

El Estado peruano, bajo la actual administración de Boloarte, enfrenta un desafío monumental: erradicar este cáncer antes de que metastase en el cuerpo político y social de nuestra nación. A pesar de los esfuerzos por parte de la Policía Nacional del Perú, que hemos de reconocer y aplaudir, el progreso se ve obstaculizado por la falta de seguridad que admite el propio General de la PNP. No hay “zonas liberadas”, declara, pero la realidad en las calles sugiere una lucha desigual, una en la que nuestras fuerzas del orden compiten contra enemigos tanto invisibles como implacables.

La población peruana merece más que promesas; requiere de resultados tangibles. Las acciones hasta ahora, aunque son pasos en la dirección correcta, no son suficientes. Se necesitan medidas urgentes y un enfoque multidisciplinario que involucre no solo a la PNP y el Ejecutivo, sino también al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a los defensores públicos, a las Fuerzas Armadas y, crucialmente, a la ciudadanía.

Es hora de que las instituciones del Estado trabajen en un esfuerzo sin precedentes para desmantelar las redes delictivas, proteger a los más vulnerables y restaurar la fe en nuestra capacidad para regir un país donde la ley y el orden prevalezcan. Este es un llamado a la acción, un recordatorio de que la complacencia y la inacción solo servirán para fortalecer a aquellos que desean aprovecharse de nuestra pasividad.

La tranquilidad de nuestros hogares, la integridad de nuestras calles y el futuro de nuestra nación están en juego. No podemos, ni debemos, ceder ante la amenaza del crimen organizado. Es momento de actuar, y es momento de hacerlo juntos.