El expresidente peruano, Martín Vizcarra, ha causado alboroto en la esfera política y judicial tras invocar la “Ley Soto” (ley 31751), uniéndose a Vladimir Cerrón, Joaquín Ramírez y Alejandro Soto en el uso de esta legislación para esquivar procesos judiciales. La Procuraduría de Moquegua ha reaccionado, apelando una resolución que archiva la denuncia en contra de Vizcarra por el delito de negociación incompatible.
A pesar de que la suerte parecía favorecer a Vizcarra, un giro inesperado surgió cuando el segundo despacho de la fiscalía provincial especializada en corrupción de funcionarios de Moquegua concedió un recurso contra él, elevando el caso a un nivel superior.
Un reciente informe de Panorama destapó que Vizcarra, exgobernador de Moquegua, utilizó la mencionada ley para evadir una posible condena de seis años. Aunque la acusación data de 2011 y se formalizó en 2018, el caso permaneció estancado debido a la inmunidad presidencial de Vizcarra en ese momento.
Andy Carrión, destacado abogado penalista, ha cuestionado la aplicabilidad de la “Ley Soto”, señalando que, bajo la normativa anterior, el caso de Vizcarra probablemente hubiera prescrito entre 2028 y 2030. El especialista señala que la reforma actual permite que los investigados se acojan a la prescripción más fácilmente, reduciendo plazos y facilitando el archivo de casos.
Es importante resaltar que César Ramos, colega universitario de Vizcarra y exfuncionario del Gobierno Regional de Moquegua, fue condenado por peculado agravado y actualmente cumple una sentencia de ocho años desde mayo de 2022.
El caso contra Vizcarra se centra en un contrato firmado durante su gestión como gobernador entre 2011 y 2014, para la construcción de una infraestructura de riego valorada en S/1.286.000. La Contraloría descubrió que no hubo supervisión durante seis meses, y la Fiscalía evidenció apropiaciones indebidas por S/ 639,346.46 soles.
Con esta situación, el futuro legal de Vizcarra pende de un hilo, mientras la polémica en torno a la “Ley Soto” sigue en aumento.
