La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha decidido extender por ocho meses más la investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros funcionarios del gobierno. Los delitos bajo investigación incluyen genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, y también involucran a los actuales titulares de Mininter y Mindef, Vicente Romero y Jorge Chávez Cresta, así como a dos exministros del Interior: César Cervantes y Víctor Rojas.
La investigación, que comenzó el 10 de enero de este año, se centra en las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas en varias regiones del país, incluidas Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Aunque inicialmente se estableció un plazo de ocho meses para la investigación, este se extendió excepcionalmente por 45 días adicionales, que vencían el 25 de octubre. Ahora, la fiscal Benavides ha decidido prorrogar nuevamente el plazo, esta vez por ocho meses más.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte ha optado por ejercer su derecho a guardar silencio, limitándose a remitirse a sus declaraciones anteriores. El premier Alberto Otárola, aunque ha respondido a las preguntas del Ministerio Público, ha mantenido respuestas cortas y esquivas, según fuentes cercanas al caso. Su abogado ha intervenido en múltiples ocasiones durante el interrogatorio.
