Un informe reciente de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) evidencia el uso desmedido de la fuerza por parte del gobierno de Dina Boluarte durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y julio de este año en Perú.
El documento de 54 páginas revela que el Estado peruano empleó fuerza letal con armas de fuego en circunstancias no permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, llegando a calificarlo como una “privación arbitraria de la vida”. Destaca que incluso aquellos que no representaban una amenaza real para las fuerzas de seguridad resultaron heridos o fallecidos. Las lesiones, en muchos casos graves, fueron ocasionadas tanto por armas letales como no letales, y actualmente están bajo investigación por la Fiscalía de la Nación.
La ONU también subrayó detenciones masivas de manifestantes bajo pretextos de control de identidad por la Policía Nacional del Perú (PNP), algunas de las cuales podrían considerarse tratos crueles e inhumanos, equiparables a la tortura.
El informe también señala denuncias penales contra manifestantes, incluyendo acusaciones de terrorismo, que podrían coartar la libertad de asociación. Además, la ONU identificó discursos que tildan a los manifestantes de “violentos”, “vándalos” o relacionados con actividades ilegales, en algunos casos utilizando comentarios raciales despectivos.
Finalmente, la ONU insta a Perú a utilizar el Estado de Emergencia solo en circunstancias excepcionales y a garantizar que no se utilicen armas de fuego en el control de multitudes durante protestas. Se sugiere, además, que la PNP fortalezca sus mecanismos de rendición de cuentas frente a posibles violaciones de derechos humanos.
