Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, respaldó la contratación de Carmela Paucará, quien está siendo investigada en el caso Cócteles, en el despacho de la congresista Rosangella Barbarán. Fujimori calificó el proceso judicial contra Paucará como el “más claro y escandaloso [ejemplo] de abuso del sistema de justicia”.
Paucará, quien recibe un salario mensual de más de 5.100 soles, enfrenta un juicio oral pendiente. “La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, declaró Fujimori.
En 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención de Paucará por diez días. El Ministerio Público la sitúa en el tercer nivel de una presunta red criminal que habría sido creada para recibir aportes no declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Por este caso, el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado una pena de 22 años y ocho meses de prisión efectiva por lavado de activos.
Miguel Torres, portavoz de Fuerza Popular, defendió el derecho de Paucará a trabajar. “Una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza no le puede quitar ese derecho”, afirmó. Arturo Alegría, otro vocero de la bancada, coincidió en que Paucará “tiene derecho al trabajo”.
El caso Cócteles involucra a 41 personas y está relacionado con presuntos aportes de la constructora Odebrecht a las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016. A fines de mayo, el juez Víctor Zúñiga impuso una orden de impedimento de salida del país por 36 meses contra Fujimori y otros colaboradores.
Fujimori, quien ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones por este caso, es considerada por la Fiscalía como la presunta cabecilla de una organización criminal dentro de su partido. El magistrado también ha impuesto reglas de conducta, como la prohibición de cambiar de domicilio fiscal sin autorización judicial y de comunicarse con otros imputados, testigos o peritos.
