El Congreso de la República del Perú aprobó este jueves una moción para encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria contra siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La decisión, aprobada con 84 votos a favor, podría llevar a la remoción total del colegiado en un plazo máximo de 14 días hábiles.
La moción 7765, presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), invoca el artículo 157 de la Constitución Peruana y se dirige contra Imelda Julia Tumialán Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán. Las faltas que se les atribuyen incluyen el pronunciamiento sobre procesos judiciales de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, supuesta intromisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema y la no presentación de su informe anual ante el Congreso.
La JNJ emitió un comunicado en respuesta, señalando que la moción se basa en “imputaciones falaces” y carece de “los más leves indicios de falta alguna”. Añadieron que una eventual remoción de sus miembros “sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento” constituiría un “quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.
El comunicado subraya que “al país le constan las amenazas que desde diversos frentes se ciernen sobre la Junta Nacional de Justicia, sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales”.
La iniciativa del Congreso y la reacción de la JNJ ponen en el centro de atención la tensa relación entre los poderes del Estado, y abren un debate nacional sobre la integridad institucional y la separación de poderes en un momento crítico para la democracia peruana.
