La Procuraduría General del Estado de Perú ha solicitado al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema el embargo de los bienes del exmandatario Pedro Castillo y de Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros y ex titular de Justicia y Derechos Humanos. Esta solicitud se realiza en el contexto del proceso que se les sigue por el presunto delito de rebelión, tras el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre.
El procurador Daniel Soria Luján ha solicitado que se dicten medidas cautelares reales de embargo en forma de inscripción e inhibición sobre los bienes e inmuebles de los investigados. Este proceso también involucra a Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, quienes también están siendo investigados por el mismo delito.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia ha declarado fundado el recurso que presentó la Procuraduría General del Estado para constituirse como actor civil en el caso que se sigue contra el exministro Roberto Sánchez Palomino por el delito de rebelión, en relación con el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo.
