Implicaciones y las medidas tomadas en respuesta a la presentación de títulos falsos por parte de los docentes en colegios de Ventanilla
En un reciente escándalo educativo, se ha descubierto que al menos siete profesores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ventanilla presentaron títulos falsos para obtener contratos de trabajo en instituciones educativas ubicadas en Pachacútec, Ventanilla y Mi Perú en el Callao. Estos docentes, que se han ganado el apodo de “profesores bamba”, presentaron diplomas y títulos falsificados de varios institutos de Lima [1].
La investigación reveló que los docentes implicados utilizaban títulos como “profesor de arte”, “educación por el arte” y “profesor”, de institutos como el Instituto Superior Pedagógico Privado “Víctor Andrés Belaunde”, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Catequético y el inexistente Instituto de Educación Superior Pedagógico del Museo de Arte de Lima. Aunque se han identificado siete casos, se estima que el número real podría superar los 50, y si se consideran todas las UGEL del Perú, el número podría ser aún mayor.
En respuesta a este descubrimiento, la Contraloría ha iniciado una investigación y fiscalización de todos los profesores contratados y nombrados en 2022 y 2023. Los docentes implicados ya no volverán a las aulas y serán inhabilitados. Además, se les iniciará un proceso administrativo y se comunicará a la Fiscalía para que se inicien acciones penales.
El Ministerio de Educación (Minedu) ha ordenado la verificación de los títulos profesionales de todos los docentes en colegios públicos de todo el país. En caso de detectarse documentación falsa, se procederá a la separación inmediata de los docentes involucrados.
Este incidente pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y control en el proceso de contratación de docentes. La falta de uso de tecnología y bases de datos que podrían facilitar este trabajo es un problema que debe abordarse.
Dato:
La situación actual demuestra la importancia de mantener un esfuerzo por parte del Estado cuando se evalúa a la persona que entrará en este régimen, y de tener todos los estándares de cuidado.
