Posible venta de audio clave en la investigación de lavado de dinero para la campaña de Keiko Fujimori en 2016
Jesús Vásquez Ybáñez, exinformante de la Administración de Control de Drogas (DEA), confirmó su participación en la grabación de la conversación con el excongresista Joaquín Ramírez Gamarra, en la que se hablaba de un supuesto lavado de 15 millones de dólares para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016. Vásquez también insinuó que el exagente de la DEA, José Irizarry, quien grabó la conversación, pudo haber vendido y destruido el audio original.
Vásquez detalló en una entrevista con La República, que Ramírez le ofreció 200 mil dólares para retractarse de su testimonio, oferta que rechazó. Sospecha que, tras esta negativa, Ramírez podría haberse acercado a Irizarry para deshacerse del audio, dado que el exagente confesó haber cometido actos de corrupción durante su servicio.
El exinformante aclaró que el audio entregado por la DEA al fiscal Wilson Salazar Reque no era la grabación de la conversación en cuestión, sino de otro diálogo que no mencionaba los 15 millones de dólares. Según Vásquez, “Se ha confirmado que fui informante de la DEA y que grabé a Joaquín Ramírez”.
Irizarry, implicado en la investigación, fue condenado a 12 años de prisión en diciembre de 2021 por un tribunal de Tampa, Florida, acusado de cobrar sobornos y enriquecerse ilegalmente durante su tiempo como oficial de la DEA.
El programa “Sin medias tintas” reveló recientemente los documentos de la DEA que respondían a las solicitudes del fiscal Wilson Salazar, encargado de la investigación contra Joaquín Ramírez y otros. Estos documentos no contenían la afirmación polémica de Ramírez sobre el supuesto lavado de dinero.
Asi mismo, Vásquez afirmó su creencia de que Irizarry pudo haber vendido la grabación original y que Ramírez intentó sobornarlo a través de un intermediario llamado Alfonso Urrunaga, antes de la llegada de los fiscales a su caso.
Dato:
Vásquez concluyó su testimonio reafirmando lo que Ramírez le confió sobre el supuesto financiamiento de la campaña presidencial de Fujimori y que el fiscal Salazar confirmó su trabajo como informante de la DEA.
