- Los límites de los predios no están claros
- Asesor solicitó suspender acto ante pedido de donación de terreno realizado al Gorehco
Un contingente de la unidad de servicios especiales de la Policía Nacional, junto con la jueza Ana Cercedo del Juzgado Civil de Huánuco, llegaron a la zona El Totoral de Huachoj para cumplir la orden de desalojo programada para el último miércoles.
No obstante, las más de 250 familias que hacen vida en el asentamiento humano El Totoral de Huachog, sosteniendo banderas blancas, se resistieron al desalojo.
Los pobladores entre ancianos, niños, madres con bebé en brazos y hasta personas con discapacidad, horas antes de la llegada de las autoridades, imploraban que no los desalojen, argumentando que no tenían a donde ir.
En un primer momento, se intentó iniciar el desalojo sin la presencia de la jueza Cercedo, por lo que el asesor legal de los pobladores, Ángel Lazo, pidió la presencia de la magistrada para que se ejecute el proceso.
“Nosotros entendemos que es una diligencia judicial, pero mientras no esté la juez, no se puede hacer ningún desalojo, vamos a esperar que venga la magistrada, levantando acta con todo el procedimiento, que venga la juez, conversaremos y veremos si nos retiramos”, expresó el abogado ante la PNP.
Recordó que se vive en un estado construccional y “somos respetuosos de lo que se disponga”, pero resaltó que en la orden judicial no hay mandato de derrumbe y demolición de las viviendas.
“El procurador solicitó que la juez ordene la demolición y la juez le dice que en ningún renglón se dispuso la demolición, es decir no habrá derrumbe, por eso pedimos que respeten los derechos de los pobladores”, agregó.
En contraparte, el funcionario policial a cargo explicó que ellos solo cumplen el mandato judicial y las leyes.
“Los representantes legales deben tener conocimiento que es una medida judicial, acá la Policía está haciendo una diligencia judicial y por lo tanto el cierre y bloqueo de la vida está prohibido”, manifestó, relatando que cuando la Policía llegó la vía principal estaba bloqueada.
Desalojo suspendido
Tras la ejecución del dictamen judicial, el asesor legal de los pobladores observó algunos puntos que terminaron con la suspensión del desalojamiento hasta que no se realicen los estudios topográficos.
“El desalojo comenzó por la parte inicial del predio, que está más cerca del aeropuerto, esa parte yo no estoy defendiendo, El Totoral está al fondo, se hizo el desalojo de las tres primeras viviendas y cuando la jueza va a la cuarta vivienda, la dueña me dice que la asesore, pero esa cuarta vivienda que se pretendía desalojar no estaba dentro del perímetro del área que corresponde al gobierno regional y la juez preguntó a los peritos del Poder Judicial, y estos dijeron que sí formaba parte, nosotros insistimos y se les volvió a consultar y entraron en dudas”, relató.
“La juez insistió, y los peritos indicaron que iban hacer un levantamiento topográfico y que debían analizar los documentos que hemos presentados en su despacho y no podían determinar si correspondía o no al gobierno regional”, añadió.
Ángel Páez explicó que, durante ese momento, el procurador reclamó que esos estudios se tenían que haber hecho con tiempo y los peritos indicaron que la resolución señalaba que la verificación iba a ser en campo, que no se haría un estudio antes, por eso prefirieron anunciar el levantamiento topográfico.
“La juez dispuso que se suspenda el desalojo en la cuarta vivienda, y nuevamente pregunto que para seguir con el desalojo de las demás casas era necesario hacer el levantamiento para continuar y poder determinar con precisión qué predios están en el área y por ende se suspendió el desalojo”, detalló.
EL DATO
Cabe destacar que los peritos se comprometieron en levantar el estudio topográfico en 15 días. Asimismo, se dejó constancia que el desalojo se suspendía. “De acuerdo a la carga laboral del Poder Judicial, se reprogramará un nuevo desalojo según la agenda judicial”, puntualizó.
