La Contraloría General alertó que dos municipalidades distritales, en la provincia de Pasco, contrataron y pagaron a proveedores que se encontraban impedidos de contratar con el Estado, debido a tener grado de parentesco con exautoridades, elegidas por voto popular, hecho que afectó la legalidad y la transparencia con la que rige la normativa de contrataciones del Estado.
Según los Informes de Acción de Oficio Posterior N° 007-2023-2-0449 y 008-2023-2-0449, las municipalidades distritales de Huayllay y Simón Bolívar, respectivamente, contrataron los servicios de proveedores que tendrían vínculo de consanguinidad y afinidad con un regidor municipal y un consejero regional de la gestión anterior, respectivamente.
La contratación sería irregular porque la norma indica que los familiares de los consejeros y regidores hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después de haber concluido el mismo.
