El Ministerio Público citó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para declarar el próximo martes 7 de marzo tras las muertes registradas durante las protestas que exigen su renuncia, el cierre del Congreso, el cambio de Constitución y la liberación de Pedro Castillo.
De acuerdo al abogado Carlos Rivera, el requerimiento fiscal será presencial porque la mandataria tiene condición de investigada. De esta manera, ya no podrá optar por la conexión remota, como en anteriores ocasiones.
Recordemos que el 30 de enero y el 23 de febrero, la jefa de estado pidió asistir virtualmente a las audiencias en su contra por el presunto delito de genocidio, pero no recibió respuesta.
Por otro lado, el pasado 1 de marzo, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén Ojeda, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, por el supuesto ilícito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
También se involucró a la asesora de la primera mandataria, Grika Asayag, por el hipotético delito de tráfico de influencias agravado.
