En los años 60, la entonces comunidad campesina de Huayllabamba, en el distrito de Cayrán, donó un terreno de 8 hectáreas al IPD Huánuco, para que se construya un complejo deportivo.
Se habilitó un campo de fútbol oficial, losas deportivas para fulbito, básquetbol y voleibol, muros de frontón, camerinos y servicios higiénicos.
Sin embargo, por la distancia no se les dio mucho uso y poco a poco quedaron en el abandono.
La propiedad legalmente pertenece al IPD Huánuco, porque está inscrita en la Sunarp y tiene vigente su certificación de posesión y está al día en el pago de arbitrios.
Pese a esta situación, han aparecido presuntos ‘dueños’ que con documentos fraguados pretenden invadir los terrenos, han talado árboles, han sembrado productos agrícolas, incluso una ONG pretende establecerse aduciendo que es en beneficio de los necesitados.
Mientras que la comunidad también quiere ‘recuperar’ la propiedad y ha obtenido autorización del Cofopri.
Por todo ello, la Asesoría Legal del IPD nacional ha interpuesto una acción legal contra los usurpadores y el Poder Judicial ha expedido una medida cautelar paralizando todo hasta que se resuelva legalmente.
En los años 60, la entonces comunidad campesina de Huayllabamba, en el distrito de Cayrán, donó un terreno de 8 hectáreas al IPD Huánuco, para que se construya un complejo deportivo.
Se habilitó un campo de fútbol oficial, losas deportivas para fulbito, básquetbol y voleibol, muros de frontón, camerinos y servicios higiénicos.
Sin embargo, por la distancia no se les dio mucho uso y poco a poco quedaron en el abandono.
La propiedad legalmente pertenece al IPD Huánuco, porque está inscrita en la Sunarp y tiene vigente su certificación de posesión y está al día en el pago de arbitrios.
Pese a esta situación, han aparecido presuntos ‘dueños’ que con documentos fraguados pretenden invadir los terrenos, han talado árboles, han sembrado productos agrícolas, incluso una ONG pretende establecerse aduciendo que es en beneficio de los necesitados.
Mientras que la comunidad también quiere ‘recuperar’ la propiedad y ha obtenido autorización del Cofopri.
Por todo ello, la Asesoría Legal del IPD nacional ha interpuesto una acción legal contra los usurpadores y el Poder Judicial ha expedido una medida cautelar paralizando todo hasta que se resuelva legalmente.
