Jorge Farid Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
Con 17 muertes confirmadas hasta el momento en que escribimos esta columna, y con la posibilidad inminente de que la cifra en cuestión se incremente con el correr de las horas, son no pocos los heridos de gravedad reportados por la Defensoría del Pueblo, las protestas realizadas el lunes 9 de enero en Juliaca marcarán, sin dudas, un punto de quiebre en la seguidilla de actos de violencia que se habían venido suscitando desde que el dictador de medio pelo de Pedro Castillo dio el golpe de Estado que, paradójicamente, acabó sacándolo de la presidencia, y lo llevó a ser recluido en el penal de Barbadillo, junto al dictador japonés, aquel a quien tanto criticara en su momento, y a quien, sin embargo, terminó pareciéndose en no escasa medida a fin de cuentas.
Decimos ello porque, dada la gravedad de lo que viene sucediendo ahora, y dada también la probada incapacidad de la presidente Boluarte, y, en consecuencia, de su gobierno en su conjunto, para darle una salida política, para ponerle un alto definitivo a esta crisis que día a día desangra más al país, todo hace indicar que las protestas, que las manifestaciones populares realizadas sobre todo al sur del país, continuarán incrementándose, generalizándose, cada vez más, y, con ellas, las víctimas que acrecentarán todavía más el derramamiento de sangre. Porque es una verdad incuestionable que las muertes de estos peruanos, sumadas a las de quienes también perdieron la vida desde el inicio de las protestas, son, entre otras muchas cosas, lo quiera aceptar o no el gobierno de Boluarte, prueba irrefutable de su estrepitoso fracaso al intentar ponerle un alto a este estado de cosas.
Que aquí ya no se trata de continuar apelando al argumento peligrosamente generalizante de que todos cuantos participan de las marchas y protestas desatadas desde la caída de Castillo son terroristas o, como se ha venido diciendo en los últimos días, sujetos financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Pues, aun cuando esto último pueda ser cierto en determinados casos, ¡y vaya que lo es!, sobre todo en lo concerniente a las manifestaciones suscitadas al sur del país, tampoco se puede caer en el facilismo de pretender descalificar toda marcha, toda protesta, todo reclamo, argumentando, generalizando, que todos quienes participan de estos son poco menos que delincuentes.
¿Existen reclamos verdaderamente justos por parte de ciertos sectores de la población consuetudinariamente olvidados, marginados? Desde luego que sí. ¿Existen, también, casos puntuales de aprovechamiento de la difícil coyuntura que vivimos por parte de políticos y grupos de poder económico, interesados en cualquier cosa menos en que el Perú salga de una vez por todas de esta espantosa crisis? Desde luego que sí. Pero lo que ni ello ni nada justifica es que se derrame la sangre de un solo peruano más, independientemente de que este pueda ser manifestante o policía.
De modo que, si para ello tiene que darse la renuncia de Boluarte, y la inmediata convocatoria a elecciones generales en el más breve plazo que establezca la ley, pues tendrá que darse la susodicha renuncia. Y es que el Perú no puede darse el lujo de seguir manteniendo en la presidencia a alguien no solo probadamente incapaz de darle solución a una crisis política y social como la que vivimos ahora, sino además carente de autoridad para haber ordenado, para haber exigido, cuando todavía era posible sin tanto derramamiento de sangre, a quienes correspondía hacerlo por mandato constitucional, el cese inmediato de las revueltas populares.
Ahora, lógicamente, ya es demasiado tarde para las lamentaciones. Las cosas han tomado el camino que ya todos conocemos, y ante ello solo queda hacer lo único que en este momento podría devolverle la calma, si acaso, al país. Esto es, exigir la inmediata renuncia de Boluarte, y la subsecuente convocatoria a elecciones generales. Pero solo eso. Únicamente eso. Que la imbecilidad aquella de pedir la liberación de Pedro Castillo, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, no puede ser tomada en serio, ni por asomo, bajo ninguna circunstancia.
Así que, si los grandes azuzadores de las protestas, y, por tanto, de las consiguientes muertes de peruanos, pretenden aprovecharse de la crisis generada para alcanzar sus retorcidos objetivos políticos, ya pueden ir olvidándose de sus planes, pues el Perú no permitirá que sigan haciendo lo que les da la gana con el país. Que pedir la renuncia de Boluarte no es, en modo alguno, estar de acuerdo con su agenda política. Es, simple y llanamente, tener un poco de sentido común, el necesario para reparar en que la única salida a la crisis que tenemos en este momento es que abandone cuanto antes la presidencia.
Confiamos en que los apetitos personales, en que las “sugerencias” de quienes la rodean en su gobierno, sean dejados por fin de lado, en favor de lo que resulta verdaderamente beneficioso para el país. El Perú se lo agradecerá. Los millones de personas que ya no soportan ver desangrarse a su país, del mismo modo. Su conciencia, si acaso, también.
