Ante la seriedad de penalidad que enfrenta
El fiscal Iván Carrión Cabrera, representante del Ministerio Púbico, sostuvo durante la audiencia de prisión preventiva que existe un gran peligro de fuga por parte del imputado Juan Alvarado Cornelio, ya que el delito que se le imputa es de colusión agravada y es uno de los delitos con mayor penalidad en el catálogo de delitos de corrupción.
“Cuando hablamos de la gravedad de la pena no solamente nos vamos a situar en el segundo presupuesto que nos exige el artículo 268 del código procesal penal, sino a un nivel de pena tan alto que evidentemente va a significar un influjo psicológico al imputado teniendo en cuenta que cuando más grave es la pena mayor será el peligro de fuga. En este caso concreto, la prognosis de pena llega a los 12 años de privativa de libertad porque el delito que se le imputa al procesado no es cualquier delito, es el delito de colusión agravada”, aseveró.
En este sentido, Carrión argumenta que con esta solicitud de prisión preventiva lo que se busca es asegurar la presencia de Alvarado y que los otros imputados, testigos, investigados puedan acudir de manera voluntaria y sin ningún tipo de obstaculización ni perturbación.
Pedido de prisión para cuatro personas por el caso laptops
“La gran parte de los testigos, investigados e imputados son trabajadores del gobierno regional y están bajo la jefatura y liderazgo del imputado no ofrece ninguna garantía en que puedan acudir de manera voluntaria y decir lo que corresponde en este proceso. Lo que se busca es asegurar en este caso es el enjuiciamiento debido de los hechos y una potencial ejecución penal del mismo”, dijo.
Asimismo, el fiscal desestimó la intención de los abogados de Alvarado de catalogar este proceso con una conjetura ya que cada una de los elementos probatorios están basados en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
“En este caso el presunto acuerdo colusorio que se habría dado en la compra de los 7995 laptops en condiciones totalmente desventajosas y perjudiciales para el Gobierno Regional de Huánuco no es una conjetura como han querido afirmar uno o tres abogados ya que el perjuicio económico establecido proviene del informe de auditoría 29224 -2021 elaborado por auditores con el respaldo de dos ingenieros de sistemas el cual arrojó un perjuicio económico de más de 23 millones de soles”, explicó.
Por otra parte, destacó que la sospecha de gravedad en este caso es evidente y más que obvio ya que de acuerdo a lo escuchado por los abogados se buscó equiparar los elementos de convicción del Ministerio Público a un nivel de juicio oral, lo cual resulta desde todo punto de vista insostenible.
“Evidentemente existen riesgos de querer esquivar responsabilidades y eso se evidencia cuando el señor Alvarado, aun conociendo que existía una orden de registro personal de incautación de celulares y demás documentos, simplemente opto por no apersonarse”.
