INCLUSIÓN RIMA CON ACCIÓN

Escrito por: Antonella Di Cione Marcellini Espinoza

Desde hace casi una década, el Estado se comprometió a priorizar la inclusión financiera en la agenda nacional. Recordemos el significado de inclusión financiera del Banco Mundial, “significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible”. Es necesario que entendamos que esta inclusión se gesta en acciones en todos los niveles del Estado, incluyendo los gobiernos locales.

En el 2014, se creó la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF); en el 2015, se publicó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que se elevó a una Política Nacional, dando origen a la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), la cual se implementa a través del Plan Estratégico Multisectorial (PEM) de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este Plan Estratégico Multisectorial se creó bajo la articulación de diversos ministerios además del MEF, e instituciones como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y el Banco de la Nación (BN), responsables de los objetivos prioritarios y metas de la PNIF.

En el PEM se propusieron 5 objetivos prioritarios: Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero, contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población, mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado, desarrollar infraestructura para incrementar la cobertura de servicios financieros, fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.

Se puede ver que en el proceso de mejora de la inclusión financiera en el Perú se dieron cuenta que no bastaba la puesta en marcha de la estrategia, sino que debía ser una política nacional, contar con un plan propio y que este sea multisectorial y multidimensional; lo que es, a primer vistazo, apropiado pues nuestro país es diverso y es más que visto que se requiere un trabajo entre ministerios dado que los problemas financieros no pueden ser aludidos solamente al factor económico, sino también al social, una variable inmersa en cada ciudadano, en la estructura social de nuestro país, en cada departamento. Aquí recae la complejidad del asunto.

Todos los departamentos se encontraban en diferentes condiciones cuando este plan comenzó a implementarse. La desigualdad en nuestro país sigue siendo un problema latente, que al igual que el plan estratégico multisectorial creado, es multisectorial y multidimensional. La infraestructura, la conectividad, la educación, los servicios básicos, etc. no son atendidos o facilitados en igual medida en los departamentos de nuestro país, aún menos otros aspectos como acceso a Internet. ¿Cómo podría atender un cajero automático en un lugar sin fluido eléctrico permanente? ¿Cómo podrían acceder a la banca o cómo es posible que las personas estén enteradas de detalles en los términos y condiciones de los productos financieros, cuando mucho de este tipo de información está en la Internet y hay ciudadanos que no tienen acceso a ella?

Los gobiernos locales tienen mucho trabajo por hacer. Mejorar la infraestructura, sea en conectividad (vías, carreteras, etc.), acceso a fluido eléctrico, y mejorar otros aspectos como el acceso a Internet. Esto mejorará la vida de las personas, hará más propicio un entorno de negocios, favorecerá al flujo de información, y a la vez servirá para incrementar la cobertura de servicios financieros.

Por otro lado, es necesario que apoyen el fortalecimiento de mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales. En suma, se debe generar sinergias entre las distintas instituciones del Estado para una mejor consecución e impacto multidimensional de sus beneficios.

Por último, es necesario que, como instituciones representantes del Estado, contribuyan a generar una mayor confianza de la población, teniendo en consideración que esta se construye. Si bien los resultados hablan del obrar en cada gestión, cada servidor con sus acciones a través de un trabajo responsable y comprometido puede dar el primer paso que despierte la confianza de los ciudadanos.